A comienzos del siglo XXI diversos programas vinculados a la revitalización y regeneración urbana de la centralidad en Buenos Aires pusieron el foco en la movilidad urbana pensada ya no sólo como un tema de transporte sino como una cuestión de desarrollo urbano. Alineados a las recomendaciones de los organismos de cooperación internacional y a las ideas y proyectos de urbanistas, la “ciudad caminable” se tradujo en una suerte de metáfora posible para resolver muchos de los problemas urbanos. La idea de sustentabilidad unida a la de ciudades creativas permeó los programas locales, soslayando la heterogeneidad socio-espacial y la diferencia colonial, las asimetrías y las desigualdades. Programas elaborados a partir de ideas procedentes de las ciudades de carácter eurocéntrico, construidas “fuera de lugar y contexto”, en consecuencia extrapoladas hacia nuestra región (el “sur”) bajo la omisión de procesos históricos y situaciones urbanas localizadas.
De allí que con el objeto de reflexionar críticamente sobre las políticas de la peatonalización y el caminar miradas desde esta ciudad, se hace necesario desnaturalizar el modelo: es decir, la universalización de ciertos problemas urbanos que desestima la heterogeneidad inter e intra ciudades, reproduciendo una normalización del habitar. Al mismo tiempo, y en una segunda instancia, en tanto las políticas se elaboran a través de paradigmas extrapolados y universalizantes en el marco de los ámbitos gubernamentales, cabe otra apreciación acerca de la modelización y tipificación de un sujeto social urbano construido en la idea de un tipo de “peatón” genérico, y la pregunta en relación a quienes son los sujetos de la “peatonalización”.
En la ciudad de Buenos Aires, este proceso toma un impulso vital a fines de 2007 con la llegada al gobierno local del partido de derecha Propuesta Republicana (PRO). El acento puesto en una pequeña porción de la ciudad tuvo como contracara la creciente urbanización popular de los barrios relegados de la ciudad, muchos enclavados en las áreas “centrales” que, durante la gestión inicial del PRO, fueron desestimados por la gobernanza local, no obstante, atendidos por el gobierno nacional (de centro-izquierda) bajo la perspectiva del “abordaje integral” y la “urbanización con integración social”. La llegada al ámbito nacional del PRO y su continuidad a nivel del gobierno local marcó un punto de inflexión respecto de estos barrios (conocidas bajo el concepto estigmatizante de villa miseria). Fue en ese contexto en que, en sintonía
con los modelos urbanos de la región, tuvo lugar la creación de una serie de políticas de integración sociourbana de estos barrios populares, nutridas de los principios del “urbanismo social” procedentes de las ciudades colombianas de Medellín (Colombia). De esta forma, los años de lucha y movilización de los habitantes de los barrios relegados se tradujeron en diversas leyes de (re)urbanización que fueron comprendidas por el gobierno local en este “nuevo” modelo de “integración” asociado al paradigma de “humanización” con fuerte impronta estética y de homogenización.
En la coyuntura actual de pandemia por COVID-19, la peatonalización se estableció como una estrategia de política urbana para administrar las movilidades, sociabilidades y presencias en el espacio público de la ciudad en el marco de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Basadas en cierta idea de salubridad bajo el precepto de “distancia social”, nuevas peatonalizaciones se establecieron en barrios caracterizados como espacios de sectores medios y altos. Estas “nuevas calles” con estéticas coloridas y señalizaciones dibujadas en el espacio para organizar el comportamiento esperado vinculado al placer. En contraste, las calles de los barrios populares fueron pensadas como la solución idealizada para el “encierro” del virus en la circulación intra-comunitaria, poniendo de relieve la complejidad de la indisoluble relación casa-calle, cuestión romantizada en relación al “encuentro” que, desde el “urbanismo social”, se produce en el espacio público.
En este sentido, nos proponemos reflexionar sobre la experiencia “plural” del caminar, a fin de comprender las formas que adquiere la (in)justicia socioespacial en la ciudad respecto de las lógicas del habitar, partiendo de que los órdenes urbanos de los barrios populares disputan los sentidos del “nuevo urbanismo”, aun cuando en la coyuntura actual de pandemia el caminar las calles recrudece el carácter de vector de la desigualdad urbana. Es por ello, que nos preguntamos: ¿es posible que las políticas de peatonalización y movilidad constituyen recursos para la inclusión y autonomía social? ¿Se trata de paradigmas de marketing territorial o justicia socio-espacial? Finalmente: ¿hasta dónde son las políticas las que pueden dar respuesta a estas cuestiones, en consecuencias, hasta dónde es necesario poner en diálogo las prácticas sociales con dichas políticas?